En El Salvador, un tatuaje malinterpretado puede bastar para ser detenido. Bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, los tatuajes asociados a pandillas como la MS-13 o la Calle 18 se consideran evidencia de afiliación criminal y pueden ser motivo suficiente para arresto y encarcelamiento. Las autoridades afirman que existen símbolos muy específicos que permiten distinguir entre un simple diseño y una marca de lealtad a organizaciones terroristas, lo que ha transformado estos tatuajes en pruebas clave para procesar a sospechosos sin necesidad de otros delitos. Esta política ha generado controversia, con denuncias de violaciones a derechos humanos, pero también con el respaldo de una parte de la población que valora el descenso en los niveles de violencia.

A diferencia de El Salvador, en Estados Unidos no se puede arrestar legalmente a una persona únicamente por tener tatuajes. La Constitución protege la libertad de expresión, lo que incluye la expresión corporal como los tatuajes. Aunque estos pueden ser utilizados como evidencia en investigaciones criminales —por ejemplo, para identificar a sospechosos o probar vínculos con pandillas— no constituyen por sí solos una causa válida de detención. Sin embargo, en algunos casos recientes, como el del exfutbolista venezolano Jerce Reyes deportado por un tatuaje de una corona, se ha cuestionado la interpretación de estas marcas. La diferencia entre arte personal y símbolo criminal puede ser delgada, y el contexto legal en el que se interpreta hace toda la diferencia.